En medio de la precampaña electoral, el candidato a la presidencia del gobierno español, Mariano Rajoy, en relación a la inmigración, propone lo siguiente:

Cualquier extranjero que quiera renovar un permiso de residencia superior a un año, deberá firmar un contrato en el que se comprometa a: (cito textualmente) “cumplir las leyes, a respetar las costumbres de los españoles, a aprender la lengua, a pagar sus impuestos, a trabajar activamente para integrarse en la sociedad española y a regresar a su país si durante un tiempo no encuentra empleo.” [a cambio, se compromete a] conceder a los inmigrantes los mismos derechos y prestaciones que a un español.

Desde mi doble condición de inmigrante y ciudadano español, ésta última por elección propia y sin que existiera filiación familiar española previa, quisiera intentar un ejercicio de crítica constructiva en relación a la propuesta.

En primer lugar, recomendar la retirada de la misma. Si le parece, simplemente por estrategia política y más estrictamente, por innecesaria. Entiendo que todos los candidatos, sin excepción, tienden a anunciar medidas rimbombantes cuando están en campaña, pero ésta en particular es altamente contraproducente.

España es un Gran País, con una democracia “adulto-contemporánea” y una legislación moderna. La vida de un extranjero en España está regulada, esencialmente por la Constitución y la Ley de Extranjería. Quisiera ceñirme a éstas para analizar la propuesta, punto por punto.

Cumplir las leyes:
La Constitución Española, en su Capítulo I, artículo 13.1 dispone: Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
Cuando hablan de «la ley», se refieren, entre otras, a la ley de extranjería, donde se especifican, claramente, los deberes y derechos de los extranjeros. Para efectos prácticos, un extranjero que resida legalmente en España está obligado, como cualquier español a cumplir la ley. No por ser extranjero se le exime del cumplimiento de todo el marco jurídico Español.

Respetar las costumbres de los españoles:
Entiendo que se ha intentando utilizar un lenguaje llano para llegar a más electores, pero antes que pedir un respeto para, habría que definir aquellas costumbres que podría adjudicarse a los españoles. En todo caso, si se logra establecer un consenso nacional que las tipifique (interesante ejercicio), es potestad del estado pedirle a un extranjero que las respete. No se discute. Sólo advertir que ésto podría llevar a la tan rocambolesca situación de que un extranjero incurra en delito por manifestarse en contra de las corridas de toros.

Aprender la lengua:
Normalmente, residir legalmente en España implica tener un puesto de trabajo, para los que, por norma general, se necesita comunicarse con los demás, así, aprender la lengua es más que una necesidad. Son la sociedad y el mercado laboral los que determinan el mínimo aceptable. Pero pongamos que se desea regular por contrato, en ese caso ¿Cuál lengua le ponemos a aprender? Somos habitantes de un país de gran patrimonio lingüístico y la Constitución así lo establece en su artículo 3.
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Pagar sus impuestos:
Absolutamente todos los extranjeros con puesto de trabajo lo hacen en proporción a sus ingresos, como absolutamente todos los españoles. Y ambos los pagan por adelantado. Adicionalmente, toda la contribución es neta en el caso de los extranjeros, porque el estado no ha invertido nada con anterioridad para su formación, salud, seguridad, etc.

Trabajar activamente para integrarse en la sociedad española:
A esto le dedico otra nota, porque la integración es un proceso complejo que requiere de las participación de todos los involucrados (nacionales y extranjeros) y la tutela del estado.

Regresar a su país si durante un tiempo no encuentra empleo:
No hace falta. El estado está obligado por ley a expulsarte del territorio. Resumiéndolo mucho – y tomando como base la ley de extranjería – para renovar un permiso de trabajo, el interesado tendrá que tener un contrato de trabajo o estar recibiendo la prestación por desempleo (Art. 38.3), si esos supuestos no se dan, incurre en situación de ilegalidad, porque no se le renueva el permiso, lo cual es una infracción tipificada como grave (Art. 53.a) y por lo tanto debe ser expulsado del país (Art. 57.1).

Con respecto al compromiso de conceder [a cambio] a los inmigrantes los mismos derechos y prestaciones que a un español, pasa más o menos lo mismo: Un extranjero residente legalmente y con permiso de trabajo, paga como todo español, el impuesto sobre la renta, la seguridad social y seguro de desempleo. Y por pagarlo, disfruta de los beneficios derivados ellos.

Reitero mi recomendación de retirar la propuesta. No necesita movilizar un voto de tendencia extrema, normalmente afines con éstas medidas, y tampoco es la mejor manera de ganarse el voto inmigrante. Es un error de campaña y una hipoteca para el futuro político, probablemente marcado por la influencia del voto de los inmigrantes de tercera generación.